La Federación muestra así su desacuerdo con
el decreto sobre derechos de televisión que aprobó el Gobierno. El
Consejo Superior de Deportes no entiende el cambio de actitud.
agencias, madrid | Actualizado 06.05.2015 - 22:26
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La Federación Española de Fútbol ha anunciado, al término de la reunión de su Junta Directiva, la "suspensión indefinida de todas las competiciones a partir del 16 de mayo", en desacuerdo con el decreto sobre derechos de televisión aprobado el 30 de abril pasado por el Consejo de Ministros. La Federación justifica su decisión por "la actitud irrespetuosa hacia la RFEF del Gobierno
de España en el contenido de este Real Decreto-ley y por la falta de
resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses
precedentes paros totales de todas las competiciones en diecisiete
federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas,
30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en
su significación y sentimiento".
La Junta Directiva ha examinado la situación de la disconformidad con el reparto del 4,55% procedente de las Quinielas "y su retirada sin motivo alguno por parte del Secretario de Estado para el Deporte", así como el estudio realizado sobre las consecuencias de la Ley de Emprendedores, "que conducen a la imposibilidad de la presencia de los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde", según la nota federativa. También repasó "las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionados, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte; la situación de los requerimientos de reintegro por parte del CSD sobre gastos efectuados, desembolsados y justificados con destino y destinatarios finalistas para el fútbol aficionado".
Sobre la mesa estuvieron, además, "las reivindicaciones en favor de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en su función aglutinadora de representación de todos los futbolistas de las competiciones de nuestro país; y también las continuadas injerencias del CSD, que obran en conocimiento de nuestra Federación Internacional (FIFA), y que han motivado una seria advertencia por parte del máximo organismo del fútbol mundial, comunicada al Gobierno de España". La Federación considera que "después de transcurridos tres meses desde la primera comunicación formal al ministro, no se ha resuelto ninguno de los problemas citados que afectan gravemente al fútbol aficionado".
Después de hacer constar que la promulgación del decreto contó "con el apoyo expreso de la RFEF en varias ocasiones" y que sus peticiones más importantes "nunca afectaron negativamente a los beneficios económicos para los clubes, la Liga, y el fútbol en general", asegura que "a diferencia de otras entidades, la RFEF nunca contó con el borrador del Real Decreto-ley, como hubiéramos deseado, al objeto de efectuar aportaciones para contribuir con buena voluntad a su mejora". "Tan sólo en el último momento se nos ofreció una información parcial sobre una mínima parte de datos", precisa el comunicado.
"Esta actitud", añade, "unida al contenido del Real Decreto-ley, ha sido entendida por la Junta Directiva de la RFEF como una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España, en su papel de institución responsable global del fútbol en nuestro país, y socio integrador de la FIFA y de la UEFA" La Federación está convencida de que sus propuestas "de haber sido escuchadas, habrían redundado en beneficios y mejoras para el fútbol español". "A cambio de nuestra colaboración y ayuda desinteresada, hemos recibido como respuesta la expropiación ex lege de ciertos derechos básicos, entre otros, la titularidad del audiovisual. El Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD para otras actividades ajenas al fútbol", subraya.
"Además, se nos adjudica el papel de garantes de los clubes de sus deudas tributarias y a la Seguridad Social; se nos impone la función de 'carteros' de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, por lo cual la RFEF no percibe nada del manido 1%. Por ende, el Gobierno Central, con este dinero privado del fútbol, fija los porcentajes y el destino finalista que debe recibir cada federación territorial, dependiente de una Administración autonómica". La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "ha informado de su decisión de convocar huelga. Del mismo modo, han manifestado su intención de no participar en las competiciones los representantes del estamento de árbitros y de entrenadores así como las Federaciones de ámbito Autonómico, lo que imposibilita la disputa de las jornadas".
"En consecuencia", concluye, "por la actitud irrespetuosa hacia la RFEF del Gobierno de España en el contenido de este Real Decreto-ley y por la falta de resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses precedentes paros totales de todas las competiciones en diecisiete federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas, 30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en su significación y sentimiento, se acuerda suspender todas las competiciones de todas las categorías a partir del día 16 de mayo con carácter indefinido". El comunicado federativo termina ofreciendo diálogo: "Una vez más, reiteramos el ofrecimiento de dialogo por parte de la RFEF al Gobierno de España".
El Consejo Superior de Deportes no entiende el cambio de actitud
Por su parte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) mostró su sorpresa tras el "cambio de actitud" de la Federación y la AFE. El Consejo, además, denunció los "intereses espurios" de la Federación a través de un comunicado donde explicó su postura y las mejoras del decreto. Además de considerarlo un "logro histórico", el CSD recordó a la RFEF que se trataba de una "exigencia unánime" durante más de 20 años para "reducir los ratios diferenciales entre clubes".
"Este decreto garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de explotación, de rentabilidad y sostenibilidad impensables hasta ahora. (...) Este nuevo acuerdo permitirá un incremento de la masa salarial repartida por los clubes que, en el caso de la Segunda División, verá duplicados los porcentajes que ahora percibía", ejemplificó. "Los clubes de Primera división femenina y los de Segunda B se aseguran unos ingresos de cinco millones de euros al año. En un escenario económico prudente se recaudarán más de 1.000 millones de euros, que los clubes vienen destinando en casi un 70% a sueldos y retribuciones de jugadores", justificó el CSD.
Además, en los ocho puntos que dan forma al comunicado, el consejo que preside el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, aseguró que el Decreto "garantiza los salarios, salda las deudas, sanea las cuentas y ofrece transparencia al mercado (...) claves de un control económico que se hace imprescindible para asegurar la viabilidad de una actividad económica de primer orden". "La norma aprobada el pasado día 30 de abril supone, además, un ejemplo de solidaridad interdeportiva que la sitúa a la vanguardia de los países de nuestro entorno: permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la Seguridad Social, y de modo particular, dignificando el futbol femenino", indicó el CSD.
Por este motivo, el CSD pidió a la RFEF "altura de miras" por las consecuencias reales que traerá dicha norma y exigió al ente dirigido por Ángel María Villar "no confundir a deportistas, clubes y aficionados con falsas reivindicaciones, que no hacen más que ocultar verdaderos intereses espurios, a todas luces inconfesables". El CSD, que aseguró haber encauzado "en todo momento" las peticiones de la RFEF, no entiende su cambio de actitud en las últimas horas. "El resto de motivos aducidos por la RFEF son una suma de excusas para justificar un enfrentamiento continuo, que tiene como única base el interés de la RFEF en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley", finalizó.
La Junta Directiva ha examinado la situación de la disconformidad con el reparto del 4,55% procedente de las Quinielas "y su retirada sin motivo alguno por parte del Secretario de Estado para el Deporte", así como el estudio realizado sobre las consecuencias de la Ley de Emprendedores, "que conducen a la imposibilidad de la presencia de los colaboradores más imprescindibles en la organización del fútbol más humilde", según la nota federativa. También repasó "las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionados, que han obligado a abandonar sus puestos a una elevada cantidad de directivos modestos, alma verdadera de nuestro deporte; la situación de los requerimientos de reintegro por parte del CSD sobre gastos efectuados, desembolsados y justificados con destino y destinatarios finalistas para el fútbol aficionado".
Sobre la mesa estuvieron, además, "las reivindicaciones en favor de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en su función aglutinadora de representación de todos los futbolistas de las competiciones de nuestro país; y también las continuadas injerencias del CSD, que obran en conocimiento de nuestra Federación Internacional (FIFA), y que han motivado una seria advertencia por parte del máximo organismo del fútbol mundial, comunicada al Gobierno de España". La Federación considera que "después de transcurridos tres meses desde la primera comunicación formal al ministro, no se ha resuelto ninguno de los problemas citados que afectan gravemente al fútbol aficionado".
Después de hacer constar que la promulgación del decreto contó "con el apoyo expreso de la RFEF en varias ocasiones" y que sus peticiones más importantes "nunca afectaron negativamente a los beneficios económicos para los clubes, la Liga, y el fútbol en general", asegura que "a diferencia de otras entidades, la RFEF nunca contó con el borrador del Real Decreto-ley, como hubiéramos deseado, al objeto de efectuar aportaciones para contribuir con buena voluntad a su mejora". "Tan sólo en el último momento se nos ofreció una información parcial sobre una mínima parte de datos", precisa el comunicado.
"Esta actitud", añade, "unida al contenido del Real Decreto-ley, ha sido entendida por la Junta Directiva de la RFEF como una falta de respeto y consideración al órgano rector de todo el fútbol español, que ha sido ignorado, despreciado y ninguneado por el Gobierno de España, en su papel de institución responsable global del fútbol en nuestro país, y socio integrador de la FIFA y de la UEFA" La Federación está convencida de que sus propuestas "de haber sido escuchadas, habrían redundado en beneficios y mejoras para el fútbol español". "A cambio de nuestra colaboración y ayuda desinteresada, hemos recibido como respuesta la expropiación ex lege de ciertos derechos básicos, entre otros, la titularidad del audiovisual. El Gobierno utiliza el dinero privado del fútbol para políticas deportivas a través del CSD para otras actividades ajenas al fútbol", subraya.
"Además, se nos adjudica el papel de garantes de los clubes de sus deudas tributarias y a la Seguridad Social; se nos impone la función de 'carteros' de nuestro dinero para entregarlo inmediatamente a las federaciones de ámbito autonómico, por lo cual la RFEF no percibe nada del manido 1%. Por ende, el Gobierno Central, con este dinero privado del fútbol, fija los porcentajes y el destino finalista que debe recibir cada federación territorial, dependiente de una Administración autonómica". La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) "ha informado de su decisión de convocar huelga. Del mismo modo, han manifestado su intención de no participar en las competiciones los representantes del estamento de árbitros y de entrenadores así como las Federaciones de ámbito Autonómico, lo que imposibilita la disputa de las jornadas".
"En consecuencia", concluye, "por la actitud irrespetuosa hacia la RFEF del Gobierno de España en el contenido de este Real Decreto-ley y por la falta de resolución de todas las cuestiones que motivaron en los meses precedentes paros totales de todas las competiciones en diecisiete federaciones territoriales, que afectaron a más de 600.000 deportistas, 30.000 partidos y 15.000 entidades de fútbol aficionado, ignoradas en su significación y sentimiento, se acuerda suspender todas las competiciones de todas las categorías a partir del día 16 de mayo con carácter indefinido". El comunicado federativo termina ofreciendo diálogo: "Una vez más, reiteramos el ofrecimiento de dialogo por parte de la RFEF al Gobierno de España".
El Consejo Superior de Deportes no entiende el cambio de actitud
Por su parte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) mostró su sorpresa tras el "cambio de actitud" de la Federación y la AFE. El Consejo, además, denunció los "intereses espurios" de la Federación a través de un comunicado donde explicó su postura y las mejoras del decreto. Además de considerarlo un "logro histórico", el CSD recordó a la RFEF que se trataba de una "exigencia unánime" durante más de 20 años para "reducir los ratios diferenciales entre clubes".
"Este decreto garantiza que el fútbol español pueda alcanzar cotas de explotación, de rentabilidad y sostenibilidad impensables hasta ahora. (...) Este nuevo acuerdo permitirá un incremento de la masa salarial repartida por los clubes que, en el caso de la Segunda División, verá duplicados los porcentajes que ahora percibía", ejemplificó. "Los clubes de Primera división femenina y los de Segunda B se aseguran unos ingresos de cinco millones de euros al año. En un escenario económico prudente se recaudarán más de 1.000 millones de euros, que los clubes vienen destinando en casi un 70% a sueldos y retribuciones de jugadores", justificó el CSD.
Además, en los ocho puntos que dan forma al comunicado, el consejo que preside el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, aseguró que el Decreto "garantiza los salarios, salda las deudas, sanea las cuentas y ofrece transparencia al mercado (...) claves de un control económico que se hace imprescindible para asegurar la viabilidad de una actividad económica de primer orden". "La norma aprobada el pasado día 30 de abril supone, además, un ejemplo de solidaridad interdeportiva que la sitúa a la vanguardia de los países de nuestro entorno: permitirá que más de 4.000 deportistas de alto nivel de otros deportes vean satisfechas sus cotizaciones a la Seguridad Social, y de modo particular, dignificando el futbol femenino", indicó el CSD.
Por este motivo, el CSD pidió a la RFEF "altura de miras" por las consecuencias reales que traerá dicha norma y exigió al ente dirigido por Ángel María Villar "no confundir a deportistas, clubes y aficionados con falsas reivindicaciones, que no hacen más que ocultar verdaderos intereses espurios, a todas luces inconfesables". El CSD, que aseguró haber encauzado "en todo momento" las peticiones de la RFEF, no entiende su cambio de actitud en las últimas horas. "El resto de motivos aducidos por la RFEF son una suma de excusas para justificar un enfrentamiento continuo, que tiene como única base el interés de la RFEF en no devolver dinero público no justificado y no someterse a las auditorías a los que obliga la ley", finalizó.
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