-SANCHEZ NIEGA QUE DESVIARA FONDOS PARA PAGAR LAS NÓMINAS POR INTERÉS ELECTORALISTA- CADIZ DIGITAL
García-Pelayo relata en el juicio que al llegar al Gobierno sólo había 10.000 euros en la caja única y los ingresos de Diputación, comprometidos hasta 2030
10.06.14 - 00:44 -
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La exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) apeló ayer a los 3.000 trabajadores que conformaban la plantilla municipal durante su mandato entre 2007-2011 y a no dejarles desatendidos económicamente sin su nómina, para justificar que desviara más de nueve millones de euros (9.740.000) de las ayudas que concedió el Estado al municipio de Jerez a través del Plan E. Una iniciativa aprobada durante el último Gobierno de Rodríguez Zapatero para impulsar las economías locales a través de la ejecución de obras y la consiguiente creación de mano de obra. En el caso de Jerez, buena parte de esas ayudas fueron para pagar a los trabajadores del Ayuntamiento y de las empresas municipales Limasa (servicio de limpieza) y Acasa (ayuda a domicilio).
La Fiscalía Anticorrupción le pide a Sánchez tres años de prisión por un delito continuado de prevaricación y otro contra la Hacienda Pública y el pago de 8,6 millones en el juicio que arrancó ayer en el juzgado de lo Penal nº 3 de Jerez. Se trata de la segunda vez que se sienta en el banquillo en este 'annus horribilis' para la exregidora, hoy directora general en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta. En enero fue juzgada y en febrero salió absuelta de la acusación en solitario que esgrimió Pedro Pacheco contra ella por enchufismo en el Consistorio. Desde ayer, la socialista se enfrenta a Anticorrupción y a la Abogacía del Estado, que la acusan de haber utilizado fondos públicos para fines distintos a los autorizados incumpliendo los propios decretos que regulan esas subvenciones.
En concreto, el Ministerio de Político Territorial le concedió a Jerez un montante de 17.752.188 euros para acometer 37 proyectos de inversión local. De esa inyección de dinero público aprobada, el Gobierno ingresó en una cuenta restringida el 85% (15.089.359) a la espera de que el Ayuntamiento justificaran las obras para liberar el resto. Sin embargo, según la acusación popular, el Consistorio redirigió parte de esas ayudas (9,7 millones) para pagar nóminas en lugar de emplearlos en los proyectos para los que se había autorizado como la Ciudad de los Niños o la rehabilitación de los claustros de Santo Domingo.
El Gobierno local que dirigía Sánchez también echó mano de una ayuda del Ministerio de Cultura que le fue concedida por importe de 3.050.000 millones para la construcción de la Ciudad del Flamenco. Sánchez ordenó disponer del total de esa partida; si bien, se fueron haciendo reposiciones hasta dejar un desfase de 2,4 millones que no fueron reingresados.
«El pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor. Era mi obligación». Defendió ayer Sánchez, quien esgrimió las numerosas noticias de prensa que relataron el conflicto interno que se fue fraguando en la plantilla municipal y que acabaron en un ERE y el despido de centenares de trabajadores con el Gobierno siguiente del PP. Para contrarrestar esta línea de defensa, el fiscal Anticorrupción le preguntó directamente si autorizó el desvío de fondos y pagó las nóminas con fines electoralistas, ya que las transferencias de dinero que la han llevado al banquillo se hicieron entre los años 2010 y 2011, con las elecciones municipales que finalmente perdió a la vuelta de la esquina. Sánchez lo negó.
Repartir culpas
La exregidora sólo respondió a las preguntas de su letrado y de la Fiscalía, sin dejar intervenir a la representante de la Abogacía del Estado. Extendió la responsabilidad de la toma de decisión a los integrantes de un «comité de crisis» compuesto por el interventor, el tesorero y otros miembros del Gobierno local que vieron en el desvío de fondos - que no fue negado por la socialista- como una salida a la imposibilidad de hacer frente al pago corriente de nóminas, según Sánchez.
La acusada también aseguró que había llamado a la directora general del Ministerio de Política Territorial para informar sobre esta reutilización de fondos y dice que se lo autorizaron. La defensa de la exalcaldesa no ha aportado ninguna prueba de ese consentimiento.
Calendario de pagos
De los 9,7 millones que fueron sacados de la cuenta restringida donde había ingresado el Ministerio las subvenciones amparadas por el Plan E, Pilar Sánchez ordenó que se hicieran tres reposiciones por importe de 3.315.000 euros. A estas devoluciones se aferró ayer la acusada para sostener que había un calendario de pagos previstos para restituir los fondos y que se habían firmado certificaciones que lo acreditaban: «Si hubiera seguido gobernando se hubieran seguido reponiendo los pagos. Había ingresos previstos, no inventados. Eran ingresos previsibles». Así acabó responsabilizando a su sucesora en el cargo, María José García-Pelayo de haber abandonado la misión de reponer el dinero de las subvenciones.
Esas reposiciones ascendieron a un montante total de 3,3 millones en seis ingresos sin correlación de plazos o fechas acordes a un calendario. Descontando esa cantidad, Anticorrupción le reclama a la acusada 8,6 millones.
La alcaldesa García-Pelayo declaró como testigo. El fiscal le preguntó por las certificaciones de pago que dejó firmadas su antecesora pero que no se habían abonado. La regidora dibujó un escenario de caos contable al llegar al Gobierno. Dijo que sólo había 10.000 euros en efectivo en la cuenta común del Consistorio y que no había ingresos previstos. Citó el caso de los anticipos de Diputación y cómo la institución provincial, por entonces dirigida por González Cabaña (enfrentado políticamente a Sánchez) había cerrado el grifo porque Jerez tenía comprometidos esos ingresos hasta 2030. Al verse imposibilitados, aseguró la alcaldesa, de hacer frente a las certificaciones que habían heredado y que no podían justificar la ejecución de los proyectos subvencionados que les reclamaba el Ministerio, ordenó denunciar los hechos.
Hoy está previsto que declaren el interventor y el secretario. Según Pilar Sánchez, ellos no pusieron obstáculos al desvío de fondos, siempre y cuando se repusieran. Sin embargo, ambos aseguraron en instrucción que nunca lo autorizaron.
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