-LOS FUNCIONARIOS HAN PERDIDO UN 30% DE PODER ADQUISIDO DESDE 2.010- HOY.ES
sindicatos más representativos piden que se restituyan los derechos y se llegue a un acuerdo para reformar la Ley de Función Pública
Los empleados públicos han perdido un 30% de su poder adquisitivo en los cuatro últimos años debido a los cambios que se han producido en sus condiciones laborales. Así lo afirman los sindicatos más representativos de la región, que piden que se restituyan los derechos de estos trabajadores, aunque reconocen que en la comunidad autónoma se ha tratado de hacer lo posible para mitigar las consecuencias de los recortes aprobados por el Gobierno desde el año 2010.
Los representantes de los tres sindicatos más importantes de la región, CSI-F, CC OO y UGT, comparecieron ayer en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura a petición del Grupo Socialista para exponer la situación de los empleados públicos en la región y su postura ante la anunciada reforma de la ley autonómica de Función Pública.
Benito Román, presidente autonómico de CSI-F (sindicato más representativo del sector público), afirmó que las medidas tomadas en los últimos cuatro años, como la rebaja media del 5% en los salarios base, la congelación de las nóminas, la supresión de una paga extra en el año 2012, el aumento de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana, la modificación de retribuciones para casos de incapacidad temporal y la reducción o supresión de días de libre disposición, dan como resultado que «la pérdida de poder adquisitivo supera el 30%», teniendo en cuenta la evolución de los precios y la subida de impuestos.
Román recalcó que esta rebaja afecta a toda la población, debido al peso que representan para el consumo los empleados públicos en la región. Pese a que reconoció que la Junta ha tratado de mitigar esta caída con medidas como el adelanto de las pagas extra o la devolución de parte de la nómina suprimida en 2012, pidió que se restituyan los derechos perdidos y que se lleve a cabo una «campaña de dignificación» para reconocer la labor de los trabajadores de la administración. «Hemos sido considerados y señalados como causantes y culpables de la crisis económica», denunció. «Somos víctimas y no culpables».
El presidente regional de CSI-F indicó también que entre 2009 y 2014 se han perdido 6.328 puestos en las distintas administraciones en la comunidad. Según expuso, en la actualidad hay 87.713 empleados públicos en Extremadura.
Marisol Salazar, de CC OO, coincidió en señalar que los empleados de las distintas administraciones han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de en torno al 30% en los últimos años con unas medidas que «se traducen en una devaluación del trabajo público y en el traslado a la ciudadanía de una imagen de desprestigio».
Junto a esto, Salazar elevó a 9.000 el número de puestos que se han perdido entre enero de 2011 y julio de 2013 en la administración pública atendiendo a la reducción del capítulo 1 (dedicado a personal) del presupuesto. Según expuso, la congelación de las ofertas de empleo y la ausencia de reposición de efectivos, incluso en aquellos casos que estaban permitidos por el Gobierno central, «han supuesto el mayor recorte de recursos humanos en la administración pública extremeña».
Por su parte, José Ignacio Luis Cansado, de UGT, apuntó que a partir de 2010 se produjo un retroceso en los derechos de un sector que ha sufrido una caída de más de 49 puntos de poder adquisitivo desde el año 1982, lo que se pretendía paliar con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 pero que la crisis ha impedido.
Como indicó, entre la última etapa de gobierno del PSOE y los últimos años del PP se ha recortado un 12,5% el salario de los trabajadores públicos, a lo que se suman cuestiones como el aumento de la jornada laboral y la vulneración de las competencias de las comunidades autónomas. Aunque también reconoció la buena disposición del Ejecutivo regional para limar las consecuencias de estas medidas.
Reforma de la ley
Los representantes sindicales que acudieron a la Asamblea coincidieron en señalar que la reforma de la Ley de Función Pública extremeña es necesaria, ya que data del año 1990 y, entre otras cuestiones, debe adaptarse al nuevo marco legal creado tras la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007.
Asimismo, reclamaron un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y con los representantes sindicales para garantizar que la nueva ley permita modernizar y mejorar los servicios que presta a la ciudadanía la Junta de Extremadura.
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